Anulación. Ex superintendente de la SBS Juan Marthans pidió su derogatoria. Congresista Washington Zevallos instó al presidente del Congreso a que convoque Legislatura Extraordinaria a fin de anular dispositivos.
Redacción La República.
Aún no está claro si el Poder Ejecutivo dará marcha atrás con los decretos de urgencias Nº 001- 2011 y Nº 002- 2011 que agilizan la ejecución de 33 proyectos de infraestructura para este año, flexibilizando las exigencias ambientales. No obstante, las críticas a los dispositivos legales continúan.
El parlamentario Washington Zeballos solicitó al presidente del Congreso, César Zumaeta, convocar a una legislatura extraordinaria, a la brevedad posible, para derogar los polémicos decretos de urgencia, pues atentan “contra los intereses del país”, además de ser inconstitucionales”, señaló.
Antes que Zeballos ya la Defensoría del Pueblo calificó los decretos como “inconstitucionales” y exhortó al Congreso, en virtud de sus facultades de control, tomar las medidas respectivas contra los citados decretos de urgencia.
Pero además instituciones como el Instituto de Defensa Legal (IDL) y el Grupo de Trabajo Contra la Corrupción (GTCC) demandaron al Congreso la pronta anulación de los decretos. Esta última organización mencionada manifestó que los decretos de urgencia abren mayores espacios para la corrupción.
En la misma línea se pronunció el congresista Zeballos. “Resulta que a los grandes proyectos se les exonera de los estudios de factibilidad, pero a las pequeñas inversiones de los gobiernos regionales y gobiernos locales sí se les exige este requisito. Aquí evidentemente hay cosas muy oscuras”, sostuvo.
Por ello, Zeballos informó que va a solicitar a la Junta de Portavoces que el proyecto 4624, que busca la derogatoria de los citados decretos, sea exonerado de dictamen y tratado en la sesión plenaria del Congreso de la República.
En tanto, Juan José Marthans, ex superintendente de la SBS, expresó que ambos decretos deber ser derogados “sin mayor discusión”.
“La necesidad de acelerar la dinámica de inversión a mí me parece que está resultando improcedente. Estos decretos pueden facilitar que se filtre algún mecanismo ligado a la corrupción”, indicó.
Marthans agregó que un gobierno que se preste de ser serio no debió firmar los citados decretos. Manifestó que en vez de querer saltarse o modificar los requisitos para la ejecución de proyectos de inversión, el gobierno debería ir preparando una “transferencia responsable” del gobierno a la siguiente administración.
Reacción
"Yo creo que estos dos decretos no abonan en favor de la transparencia. Ambos decretos deben ser derogados”.
Juan José Marthans
Ex jefe de la SBS
No confirma derogatoria
El presidente Alan García volvió ayer a referirse a los polémicos decretos y señaló que lo que manifestó en la víspera sobre recibir los decretos de urgencia solo constituye una posibilidad. Así dejó entrever que no se ha tomado la decisión de someterlos a una reevaluación, que conduzca a la derogatoria.
Un análisis legal elaborado por DAR reveló que los decretos incumplem los capítulos 8 y 10 del TLC con Estados Unidos.
Redacción La República.
Aún no está claro si el Poder Ejecutivo dará marcha atrás con los decretos de urgencias Nº 001- 2011 y Nº 002- 2011 que agilizan la ejecución de 33 proyectos de infraestructura para este año, flexibilizando las exigencias ambientales. No obstante, las críticas a los dispositivos legales continúan.
El parlamentario Washington Zeballos solicitó al presidente del Congreso, César Zumaeta, convocar a una legislatura extraordinaria, a la brevedad posible, para derogar los polémicos decretos de urgencia, pues atentan “contra los intereses del país”, además de ser inconstitucionales”, señaló.
Antes que Zeballos ya la Defensoría del Pueblo calificó los decretos como “inconstitucionales” y exhortó al Congreso, en virtud de sus facultades de control, tomar las medidas respectivas contra los citados decretos de urgencia.
Pero además instituciones como el Instituto de Defensa Legal (IDL) y el Grupo de Trabajo Contra la Corrupción (GTCC) demandaron al Congreso la pronta anulación de los decretos. Esta última organización mencionada manifestó que los decretos de urgencia abren mayores espacios para la corrupción.
En la misma línea se pronunció el congresista Zeballos. “Resulta que a los grandes proyectos se les exonera de los estudios de factibilidad, pero a las pequeñas inversiones de los gobiernos regionales y gobiernos locales sí se les exige este requisito. Aquí evidentemente hay cosas muy oscuras”, sostuvo.
Por ello, Zeballos informó que va a solicitar a la Junta de Portavoces que el proyecto 4624, que busca la derogatoria de los citados decretos, sea exonerado de dictamen y tratado en la sesión plenaria del Congreso de la República.
En tanto, Juan José Marthans, ex superintendente de la SBS, expresó que ambos decretos deber ser derogados “sin mayor discusión”.
“La necesidad de acelerar la dinámica de inversión a mí me parece que está resultando improcedente. Estos decretos pueden facilitar que se filtre algún mecanismo ligado a la corrupción”, indicó.
Marthans agregó que un gobierno que se preste de ser serio no debió firmar los citados decretos. Manifestó que en vez de querer saltarse o modificar los requisitos para la ejecución de proyectos de inversión, el gobierno debería ir preparando una “transferencia responsable” del gobierno a la siguiente administración.
Reacción
"Yo creo que estos dos decretos no abonan en favor de la transparencia. Ambos decretos deben ser derogados”.
Juan José Marthans
Ex jefe de la SBS
No confirma derogatoria
El presidente Alan García volvió ayer a referirse a los polémicos decretos y señaló que lo que manifestó en la víspera sobre recibir los decretos de urgencia solo constituye una posibilidad. Así dejó entrever que no se ha tomado la decisión de someterlos a una reevaluación, que conduzca a la derogatoria.
Un análisis legal elaborado por DAR reveló que los decretos incumplem los capítulos 8 y 10 del TLC con Estados Unidos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario