Electricidad para luchar contra la pobreza

Por Hans Rothgiesser

18 de Agosto de 2011

Semana económica.- Recientemente se ha levantado la preocupación con respecto al peligro que corremos de desabastecimiento de energía en el país. Para algunos esto sería una herencia del gobierno anterior. Para un subconjunto de estos, se trataría además de una herencia intencionadamente arrojada al gobierno actual.

Para otros, se trata de la consecuencia de una larga estrategia orientada a que los precios para el usuario bajen a como dé lugar. Se supone que, en la medida en la que hay un mercado regulado de generación de electricidad (la tarifa que le cobra la generadora a la distribuidora está supervisada por Osinergmin), se crea una figura bastante particular.

El usuario no lo nota, pero en la medida en la que la tarifa regulada es demasiado baja, no hay incentivos para invertir. Y eso pareciera que es lo que ha sucedido en algunos de los pasados años, pasándonos la factura cada cierto tiempo.

El buen funcionamiento de la actividad de la generación de la electricidad debería preocupar más. Por un lado, es la que provee la energía para que la economía siga funcionando –literalmente hablando–, sin el cual no podría seguir creciendo, ni creando puestos de trabajo. Cuando hay rumores de desabastecimiento, se introduce un elemento nuevo de incertidumbre a la escena. Que en el norte del país ahora se esté comprando energía de Ecuador constituye, por supuesto, una solución temporal. En una situación como ésta, el Ministerio de Energía y Minas debería anunciar cuanto antes qué es lo que piensan hacer para solucionar esto definitivamente.

Ese plan no debería estar orientado más aún a ver la manera de que la tarifa se reduzca, que es la madre del cordero de este problema. El objetivo debería ser a estas alturas atraer inversión a ese sector. Consideremos, además, que el proyecto Camisea, que viene transformando nuestra matriz energética desde 2004 también es tema de discusión para el nuevo gobierno, que ha prometido y luego retiró su promesa, para después prometer de nuevo que se renegociaría. Nuevamente, una gestión en ese sentido perjudicaría también la capacidad de generación del país. Ni qué decir del proyecto Inambari, el cual nos daría un inmenso respiro con respecto al acceso de energía, pero que lamentablemente se ha politizado demasiado al punto de que hoy en día es bastante difícil predecir para cuándo podría estar efectivamente funcionando.

En contra a la premisa que ha manejado algún sector de la prensa, la inversión en generación de electricidad no se trata solamente de apoyar a la instalación de más empresas (que de hecho, como lo comenta el CIUP, la ausencia de infraestructura de energía genera una serie de sobrecostos). Se trata también de una forma de luchar contra la pobreza. Grade ha estudiado el tema y encuentra una relación entre la inversión en electricidad y la reducción de la pobreza, por lo que recomienda que el Estado debería dedicarse a cerrar la “brecha real de acceso”.

Ni qué decir del componente ambiental. Sin una correcta planificación no se puede prever la reducción de impactos negativos en el medio ambiente a través de una correcta combinación de distintos métodos de generación.