Por : Rolando Páucar Jáuregui Físico nuclear
Diario El Peruano.- Lo que sucedió en Fukushima, en marzo del año pasado, fue indudablemente una lamentable catástrofe de dimensiones impresionantes; se perdieron 25,000 vidas humanas, se produjeron destrozos con pérdidas de alrededor de 218,000 millones de euros y, como si fuera poco, se produjo el accidente nuclear que reavivó el debate público acerca de la seguridad de la energía nuclear.
Diario El Peruano.- Lo que sucedió en Fukushima, en marzo del año pasado, fue indudablemente una lamentable catástrofe de dimensiones impresionantes; se perdieron 25,000 vidas humanas, se produjeron destrozos con pérdidas de alrededor de 218,000 millones de euros y, como si fuera poco, se produjo el accidente nuclear que reavivó el debate público acerca de la seguridad de la energía nuclear.
Debido a la gravedad de este accidente, muchos opinaron que pudo haberse previsto y actuado mejor; lo concreto es que el terremoto que desencadenó esta catástrofe tuvo una intensidad impensable para los ingenieros que construyeron dicha central nuclear y superó todos los pronósticos de un desastre natural. Pero, qué duda, es cierto que pudo tomarse medidas preventivas de mayor envergadura.
A poco más de un año de lo sucedido en Fukushima, el Parlamento japonés, luego de solicitar se investigue de manera seria e independiente las causas que desencadenaron esta emergencia nuclear, tiene un informe de 641 páginas.
Ese documento, entre otras cosas, concluye que el accidente de la Planta de Energía Nuclear Fukushima fue el resultado de una colusión administrativa entre el Gobierno, los reguladores y Tepco, y la falta de autoridad de las partes mencionadas.
Dice, además, que las autoridades regulatorias se mostraron reacias a adoptar los estándares mundiales de seguridad que podrían haber ayudado a prevenir un desastre en el que los reactores se fundieron, filtrando radiación que obligó a 150,000 personas a abandonar sus hogares, muchas de las cuales no volverán.
Pese a lo manifestado en el informe, el Gobierno japonés, consciente de que es un país sísmico con grandes probabilidades de tsunamis y terremotos, pero también con una muy importante necesidad energética, ha decidido seguir adelante con la alternativa nuclear poniendo en marcha sus reactores tras un período en que se ha detenido a evaluar si había algo defectuoso y lo ha reparado.
Como medida preventiva, el Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, luego del accidente de Fukushima, revisó los sistemas de seguridad de todos los reactores en actividad del mundo. También visitaron Perú; no obstante, la situación no deja de preocuparnos.
Perú cuenta con un centro nuclear que alberga un reactor de investigación y producción de radioisótopos que amerita, por parte de sus autoridades, un seguimiento de los procedimientos de seguridad establecidos por el OIEA.
El reforzamiento de la eficacia de los órganos reguladores nucleares nacionales y la garantía de su independencia es otro punto que Perú aún no ha cumplido.
Así, en el IPEN se configura una doble función de juez y parte, lo cual hace imposible reforzar la eficiencia del órgano regulador. La experiencia obtenida del accidente de Fukushima es muy importante y valiosa para corregir errores y omisiones, y son las autoridades del IPEN las llamadas a asumir esta responsabilidad.
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