En este contexto la generación de energía nucleoeléctrica se presenta como una solución viable para las próximas décadas. El Perú que al igual que otros países de la región viven inmersos en una inseguridad energética, necesita en el corto y mediano plazo incrementar y diversificar sus recursos energéticos. Nuestro país no debería desestimar la opción de promover la participación nucleoeléctrica en su matriz energética. Para ello, nuestros recursos uraníferos deberían ser explotados no sólo para atender la creciente demanda energética internacional sino la propia en el futuro próximo.
La minería de uranio precisa un marco legal y una normativa específica que permita que estas actividades formen parte de proyectos de mediano y largo plazo que consideren como tema prioritario la sustentabilidad ambiental, previendo los recursos económicos requeridos para las tareas de restitución y gestión de residuos de la minería de uranio y protección de la salud de la población que podría verse involucrada con esta actividad. Necesitamos reglas de juego clara, mucha información de parte de las mineras asentadas en Puno a la población y sus representantes y una presencia mas decisiva por parte del IPEN.
Además es necesario que las actividades que puedan originar cualquier tipo de impacto radiológico ambiental estén reguladas por una normativa nacional específica establecida y fiscalizada por el Instituto Peruano de Energía Nuclear, IPEN en concordancia con lo establecido por la Agencia Internacional de Energía Atómica.
El problema de la inseguridad en que viven la población de los distritos uraníferos del país, es el lógico resultado de deficiencias administrativas. El Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) quien debería ser la encargada de promover y crear condiciones favorables para establecer un sistema coherente de seguridad, que permita prevenir o minimizar los daños que podrían derivarse del uso de las radiaciones ionizantes en las diferentes áreas de aplicación, no lo hace.
Estamos iniciando una nueva y alentadora etapa en el desarrollo nuclear nacional para lo cual el IPEN precisa modernizarse a través de un cambio en su organización, sus metas y fines, cubrir las deficiencias en las reglamentaciones. El IPEN necesita una reingeniería capaz de re direccionar sus escasos recursos humanos para priorizar su papel fiscalizador y regulador. En los sistemas internacionales existentes, un enfoque comunitario de seguridad radiológica y nuclear incluye dos vertientes. Por un lado, un conjunto de normas y, por otro, un mecanismo que permita comprobar su cumplimiento.
En conclusión dictar normas que regulen la problemática relacionada con la actividad minera y concentración de uranio, dictar normas referentes a la gestión de residuos radiactivos en los complejos mineros que permitan su disposición final de acuerdo a un marco legal, elaborar programas de monitoreo de los complejos minero – fabriles sujetos a una regulación del IPEN, usar herramientas para mejorar la gestión ambiental en minería de minerales radiactivos, buscar los medios necesarios para coordinar con las autoridades mineras provinciales y con otros organismos nacionales, las acciones a desarrollar en los programas de remediación y cierre de minas de uranio son algunas de las acciones a tomar en cuenta.
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