Escrito Por Rolando Paucar
Desde los inicios de toda labor encaminada a utilizar la energía nuclear y la radiación ionizante para atender a las necesidades económicas y sociales, los gobiernos deben reconocer que los instrumentos jurídicos bien estructurados son imprescindibles para promover el desarrollo de esta tecnología y a la vez proteger adecuadamente la salud pública, la seguridad y el medio ambiente de los riesgos característicos asociados.
Por ese motivo es trascendente que la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República haya aprobado dos dictámenes de ley: “Ley que establece las competencias de los órganos de los Estados en las actividades mineras de minerales radiactivos” y “Ley que declara de interés nacional la promoción y el desarrollo de la energía nuclear para generación eléctrica y en ciencia y tecnología”. Primeros pasos en este largo camino que apenas se inicia para el desarrollo nuclear en el país.
A la fecha, los minerales radiactivos son incluidos dentro del régimen de minerales metálicos de la ley General de Minería aprobado por el Decreto Supremo N° 014-92-EM, pero merecen un trato especial pues conllevan riesgos radiológicos asociados que pueden incluso llegar a producir cambios ambientales y problemas de salud de muy difícil solución si es que no se toman las medidas del caso. Cabe resaltar que los impactos negativos de este tipo de minería son evitables si de antemano existe una normativa específica que obligue aplicar los mejores estándares posibles.
Todo país que emprende actividades de prospección, minería y tratamiento de minerales radiactivos debe tener presente los peligros de radiación que entrañan tales actividades y por tanto deben contar con medidas reglamentarias y de control de radiaciones.
El Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), siendo la institución que regula y fiscaliza las actividades nucleares en el país, a raíz de su doble función no ha logrado realizar un trabajo abierto y transparente al respecto dejando así la posibilidad que los impactos negativos ambientales y sociales puedan ocurrir con más frecuencia de lo que deberían, pero confiamos que el nuevo presidente de dicha entidad enrumbe esta política.
La Ley de minerales radiactivos debe buscar valorar, beneficiar y aprovechar las riquezas de estos minerales que hoy en día tienen una importancia notable en el desarrollo industrial, económico y social, de los países del mundo. Sea éste el punto de partida de un ventajoso y equilibrado desarrollo nuclear en el país al igual como lo viene haciendo Argentina, Brasil y Chile.
No es un sueño que en el futuro el Perú gracias a la apertura que brindarán estas leyes busquen mecanismos para constituir una reserva estratégica nacional de este mineral a fin de ser destinada al consumo futuro de nuestras propias centrales nucleares de potencia. Finalmente esperamos que el pleno del Congreso apruebe estas leyes que significarán el inició de un futuro y próspero desarrollo nuclear en el país.
