Japón no logra frenar el peligro de radioactividad nuclear

Los niveles de radioactividad han vuelto a subir en la central nuclear de Fukushima Daiichi, según ha notificado la propietaria de la planta, Japan's Tokyo Electric Power Co (TEPCO), al Gobierno de Japón.

Ello pese a que los técnicos han procedido a inyectar agua marina borada en dos de los reactores en peligro para rebajar los niveles de radiación y que en Onagawa se han reducido ya a niveles normales, según el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

El portavoz gubernamental nipón, Yukio Edano, ha reconocido la posibilidad de otro estallido en el recipiente secundario de contención del reactor 3 por la acumulación de hidrógeno, aunque no causaría daños graves.

Se está intentando inyectar agua salada para enfriar la turbina y evitar un desastre, mientras las autoridades insisten en que no hay ningún dato que confirme un proceso de fusión del núcleo, solo una posible "deformación" del mismo. La falta de información generó anoche gran inquietud y algunos medios especularon incluso con la posibilidad de que una eventual fuga radiactiva llegara hasta Tokio, algo que la mayoría de los expertos han coincidido en rechazar.

De acuerdo al Ejecutivo, el nivel máximo de ionización registrado ayer -hasta 1.557 microsievert respecto a los 500 considerados recomendables para la salud- equivalen a tres radiografías de estómago.

Un total de 180.000 residentes han sido evacuados en un perímetro de seguridad de 20 kilómetros en torno a la central, al menos 37 personas se han visto expuestas a la radiactividad, según la televisión NHK.

Todas las plantas nucleares en las zonas afectadas por el terremoto de 9 grados de magnitud en la escala Richter y posterior tsunami están paradas desde el viernes.

"No va a ser Chernobil. Allí el reactor estaba en pleno funcionamiento cuando estalló y no tenía contenedor", ha precisado Malcolm Crick, secretario del comité científico estadounidense sobre los efectos de las radiaciones atómicas.

Lucha contra la contaminación 

Los expertos japoneses trabajan de forma denodada para impedir que se desencadene un proceso de fusión en la central nuclear de Fukushima, donde ayer se produjo una explosión por una reacción química en la estructura interna. Los operarios tratan de evitar que el sobrecalentamiento cause daños en el contenedor que alberga el núcleo, lo que podría ocasionar la liberación de material radiactivo a la atmósfera.

Otra central nuclear se encuentra también en alerta por problemas de refrigeración en el reactor. Se trata de Tokai, la segunda central de la prefectura de Ibaraki. Esta central, localizada a 120 kilómetros al norte de Tokio, sufrió un accidente nuclear en 1999, del mismo índice de gravedad que el de Fukushima. 

Los expertos han restituido a niveles "habituales" la radioactividad en la planta de Onagawa, que también comenzaba a excederse, según ha vertificado la Agencia Internacional de la Energía Atómica.

Pararrayos radiactivos: Un problema para la salud

(Diario Correo) LIMA | Por más pequeño que sea un riesgo, el mismo no debe ser aceptado si no implica un beneficio mayor a cambio. Ese es un criterio que se analizó en la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República el último 22 de mayo. Este principio es un criterio básico de Protección Radiológica que debe aplicarse antes de autorizar una práctica determinada con radiaciones.

En el Perú, pese a que en 1997 se aprobó el nuevo reglamento de seguridad radiológica en donde se incluía, en su artículo 12, el principio de justificación de las exposiciones a las radiaciones, el Instituto Peruano de Energía Nuclear(IPEN) lo pasó por alto y continuó autorizando la entrada de pararrayos radiactivos, a pesar de que a partir de 1985 se empezaron a desmontar en otras partes del mundo, por considerarlas inoperantes, no acreditar un radio de protección de 100 metros y por contener riesgo radiológico.

Lo mismo sucedió con el americio 241, material radiactivo que ingresó al Perú como insumo para la construcción de pararrayos radiactivos capaces de proteger hasta un radio de 100 metros, lo cual hasta el momento no había podido ser demostrado y que además contaba con la autorización del IPEN y con una patente de invención otorgada por el INDECOPI.

Cuatro años más tarde a la aprobación del reglamento de seguridad radiológica, el Ministerio de Energía y Minas prohibió la fabricación de estos pararrayos radiactivos y siete años después, mediante el reglamento de la ley 277757, recién se prohibió expresamente su importación.

En el Perú, según información proporcionada por el IPEN, existen 894 pararrayos debidamente identificados y 565 que a decir de esta autoridad no lo están debido a que cuando ingresaron al país no existía el IPEN como autoridad reguladora. Pese al tiempo transcurrido esta institución aún no ha sido capaz de completar esta información que nos permita contar con un inventario completo de estos aparatos radiactivos a nivel nacional.

Ahora, el IPEN pretende enmendar su error prohibiendo la instalación de este tipo de pararrayos y promoviendo un decreto supremo que obligue el retiro de todos los pararrayos radiactivos instalados a nivel nacional, por significar grave riesgo para la salud y el medio ambiente, sin siquiera haber realizado nunca un estudio de impacto ambiental o dosimetría ambiental en los lugares en donde se encuentran instalados estos pararrayos radiactivos.

Un error tras otro, pues sería muy importante conocer qué consecuencias han traído consigo estos pararrayos en la salud de las personas y en el medio ambiente. Evaluaciones que sí fueron realizadas en otros países de la región, como es el caso de Brasil donde gratuitamente fueron recogidos porque eran abandonados en cualquier lugar sin control.

Por eso creemos el IPEN debe hacerse cargo de los gastos del proceso de recojo, gestión y desecho de estos aparatos, porque ellos avalaron su uso y ahora deben solucionar lo que su desafortunada gestión cometió.

(*)Presidente del Instituto de Investigación para la Energía y el Desarrollo (Iedes)